Dudas de conciencia y garantías deontológicas

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos mostró ayer su temor de que el proyecto de Ley de Muerte Digna, texto que el Gobierno autonómico aprobó el pasado martes remitirlo al Parlamento andaluz para su debate y aprobación definitiva, «encorsete» la objeción de conciencia de los profesionales de la medicina.
El pleno de presidentes de este órgano colegial, que se reunió en sesión extraordinaria, sostiene que dicha norma «corre el riesgo de poder encorsetar al profesional de la medicina» a la hora de tomar decisiones, «que calificamos como trascendentales».
Por ello, la citada entidad considera «imprescindible» la incorporación de fórmulas que «resuelvan las dudas de conciencia» y como medio de «asegurar la independencia del médico en su ejercicio y el propio valor de sus actos». Este derecho, aclara el pleno de presidentes del Consejo Andaluz de Médicos, se ejercería «sin menoscabo de las garantías del paciente».

Sin consenso
«Una norma que protocolice procesos, actuando en el terreno de las convicciones personales, nacería necesariamente rota en uno de sus pilares si se impidiera la resolución de conflictos éticos, que facilitarían la gestión diaria de la aplicación de la Ley», prosiguen en su escrito.
De igual modo, consideran necesario una presencia «más explícita» de la corporación profesional médica en los comités de ética hospitalarios, hecho que a juicio de este colectivo representa una «garantía deontológica ineludible que debe ser atendida, como medio de sumar credibilidad al sistema y en un marco de trabajo en equipo».
En cualquier caso, valoran el «esfuerzo» de la Administración en el campo de los Cuidados Paliativos como medio de proporcionar «la mayor dignidad y alivio a los enfermos y familiares» en ese trance de la vida.
Precisamente ayer, la consejera de Salud, María Jesús Montero, explicó que el proyecto de Ley de Muerte Digna de Andalucía «no contempla la objeción de conciencia» que un profesional sanitario pueda mostrar a la hora de limitar el esfuerzo terapéutico a un paciente en situación terminal que así lo pidiese, ya que, según aclaró, desde el Gobierno andaluz «entendemos que tiene que ser un ámbito estatal el que regule este apartado de forma general», agregó.
En una entrevista concedida a Punto Radio y recogida por Europa Press, Montero opinó que «probáblemente éste es el ámbito en el que la objeción de conciencia tiene que tener una regulación más clara, al igual que ocurre con las técnicas del aborto».
«Tengamos en cuenta que las prácticas que se regulan en esta ley son consideradas buenas prácticas clínicas, incluida la sedación paliativa terminal que, aunque acorte la vida del individuo, lo que persigue es disminuir el dolor y por tanto aliviar sus síntomas», argumentó.
Por ello, la consejera de Salud dijo entender que «sería muy excepcional que cupiera la objeción de conciencia». Sea como fuere, consideró que «por estas razones se tendría que regular en ese nivel más general».