La SACPA opina sobre la muerte digna

La presidenta de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, la doctora Carmen Francisco, será escuchada por la Mesa de la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía este próximo martes en Sevilla. El PSOE ha aceptado todas las propuestas presentadas como comparecientes ante la Comisión de Salud en la tramitación de la ley de muerte digna. La Mesa de la Comisión y el grupo socialista, que tiene la mayoría, han decidido no vetar ninguno de los nombres, aunque no le convencían dos de las propuestas del PP: la Asociación Profesional de la Magistratura y la conservadora Profesionales por la Ética. Con todo, fuentes socialistas explicaron que como la asesora jurídica les ha dado el visto bueno, la Mesa ha optado por aceptar a todos. Entre ellos está citado también, a propuesta de IU, Luis Montes, el ex coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), al que la Comunidad de Madrid (PP) llevó a los tribunales por sedar a sus pacientes.
La lista incluye, además, a la asociación Derecho a Morir Dignamente, el Consejo Médico Andaluz y la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, entre otros. La consejera andaluza de Salud, María José Montero, confìa en que la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte se apruebe antes de finales de diciembre, una vez que el texto ya ha superado el debate a la totalidad en el Parlamento andaluz. Montero señala que el 93,7 por ciento de la población andaluza apoya el derecho a vivir dignamente en el proceso de la muerte, por lo que la nueva ley responde a una «demanda social» y ofrece seguridad jurídica a los facultativos.
La consejera destaca que Andalucía será la primera comunidad española que garantizará la protección de la dignidad de las personas en los últimos momentos de su vida y en asegurar la autonomía del paciente y el respeto a su voluntad, incluyendo la manifestada de forma anticipada en su testamento vital.
Con esta Ley, que será de obligado cumplimiento tanto para las instituciones sanitarias públicas como privadas, Andalucía se convertirá en la primera comunidad del Estado en garantizar la protección de la dignidad de la persona en los últimos momentos de su vida, incluyendo la manifestada de forma anticipada en su testamento vital. En los más de cinco años que lleva vigente el Registro Andaluz de Voluntades Vitales Anticipadas, más de 16.000 andaluces han ejercido este derecho. Este documento pone a disposición de los andaluces un instrumento para que decidan por sí mismos sobre la asistencia sanitaria y los tratamientos que desean o no recibir en caso de encontrarse en situaciones en las que no puedan expresar su voluntad.