«¿Posible? Posible debe ser. ¿Difícil? Difícil es, evidentemente», dice Pablo Simón, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, miembro del Comité Nacional de Bioética y uno de los integrantes del equipo que redactó el texto de la Ley de Muerte Dignal. «Ahora la Administración lo que tiene que hacer es poner recursos y cumplir», opina. Fue la consejera de Salud, María Jesús Montero, quien pidió al grupo de trabajo que elaboró el texto legal incluir este compromiso. Pablo Simón, director del área de Ciudadanía y Ética de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y miembro del grupo de trabajo que redactó el proyecto de ley de muerte digna de Andalucía, considera que dicho texto legal «no se carga el derecho de objeción de conciencia; simplemente no lo regula». (Vía El Mundo)
