La consejera de Salud, María Jesús Montero, destacó hoy que el texto aprobado por el Pleno del Parlamento de Andalucía para la Ley de Muerte Digna es «ponderado y mesurado», toda vez que aplaudió la «seriedad» con la que «partidos políticos, agentes sociales y medios de comunicación» han tratado este norma durante todo el trámite parlamentario. En declaraciones a Europa Press, Montero destacó también lo «sereno» de este debate, del que confió haya servido para «clarificar conceptos entre la ciudadanía» relativos al proceso de la muerte «y que a veces se confunden en cuestiones tan distintas como son un suicido asistido, la eutanasia, una limitación del esfuerzo terapéutico», entre otras consideraciones. En cuanto a la no inclusión en esta ley de la objeción de conciencia para aquellos profesionales sanitarios cuyos valores éticos, morales y religiosos entren en conflicto con los del paciente en situación terminal, Montero declaró que esa es una materia que, de regularse, «tendría que ser a nivel estatal, ya que no tiene sentido que existan 17 reglamentos distintos de objeción».
COLEGIO DE MÉDICOS
El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Carlos González Vilardell, deseó hoy que «no se practiquen» en los hospitales de Andalucía una «eutanasia activa en cubierta», tras la aprobación por el Parlamento andaluz de la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte. En declaraciones a Europa Press Televisión, González Vilardell confió que esta ley «se utilice para bien y no sea una medida que incite al médico a acelerar el proceso de muerte ni que vaya en contra de sus principios éticos ni deontológico», apostilló. Además, recordó que el código deontológico médico «defiende la vida y reconoce que no se debe trabajar bajo la obstinación y el ensañamiento con el paciente», por lo que esperó que «no se practique una eutanasia activa y en cubierta, ni por petición de los familiares ni del paciente».
OBISPOS DEL SUR
Los Obispos del Sur (Odisur) aseguraron hoy, tras la aprobación en el Parlamente de Andalucía de la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, que «en sí la Ley como tal no es de estricta necesidad», porque «la sociedad no reclama una Ley ahora, y en los hospitales se puede funcionar perfectamente sin ella». En declaraciones a Europa Press, el delegado diocesano de la Pastoral de Salud de la Archidiócesis de Sevilla, Dionisio Manso, manifestó además, en referencia a los profesionales, que «esta ley habla solo de las obligaciones de los mismos, pero no habla de los derechos, como por ejemplo el de la objeción de conciencia, a la que los médicos deberían poder recurrir en algunas situaciones límites».
No obstante, afirmó que «en el segundo borrador de esta ley –que es el que se ha votado hoy en el Parlamento– se han eliminado bastantes aspectos punitivos aplicables a los profesionales que no cumpliesen con la ley», un extremo que calificó de «positivo» porque, a su juicio, «el primer borrador tenía muchos castigos». Además, prosiguió, la Ley de Muerte Digna «no aprueba la eutanasia», pero, apostilló, «pudiese ser que en la práctica, en algunas circunstancias, algún profesional llevase a cabo cierta práctica de eutanasia indirecta». Aunque, «no es una ley eutanásica y como tal, la ley no lo permite», insistió.
Asimismo, Dionisio Manso calificó de «muy acertado» el fomento de las unidades de cuidados paliativos tanto en el domicilio como en los hospitales, pero, añadió que «esta ley no refuerza la dotación económica para que estas unidades puedan funcionar con competencia, dignificando de este modo el proceso de la muerte». «Me parecen muy acertadas siempre que funcionen dignamente y con profesionales competentes», concluyó.